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PERSONERÍA MUNICIPAL HACE LLAMAMIENTO PREVENTIVO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN CON EL PLAN DE REUBICACIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES EN BIENES DE USO PUBLICO

La Personería Municipal de Bucaramanga, actuando como garante de los derechos colectivos de la ciudadanía y con el ánimo de encauzar las decisiones de la Administración Municipal dentro de los parámetros fijados por la Honorable Corte Constitucional, en materia del diseño y ejecución de los planes de recuperación del espacio público y reubicación de los vendedores informales, efectuó un llamamiento preventivo a la Alcaldía Municipal, en relación con el plan que en ese sentido viene impulsado la Administración Local.  

Sobre ese particular, en el citado pronunciamiento se ponen de presente una serie de condicionamientos de obligatorio cumplimiento por parte de los gobiernos locales, a los cuales se deben supeditar ese tipo de programas en los siguiente términos:  “(I) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (II) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (III) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para  guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (IV) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición a la Administración” (Sentencia C-211 de 2017, M.P. Dr. Iván Humberto Escrucería Mayolo).

Por otro lado, en cuanto la decisión de ubicar y concentrar a los vendedores informales en bienes de uso público, como parques y plazas públicas, la Personería Municipal advierte que los bienes de esa naturaleza, no constituyen elementos o alternativas ni siquiera transitorias para recuperación de espacio público y en tal sentido, no pueden ser materialmente objeto de plan alguno de reubicación en los términos y conforme las exigencias constitucionales en la materia. 

Por el contrario, con un proceder de esa naturaleza, se estaría generando una condición de una eventual confianza legítima hacia los vendedores informales, al trasladarlos a sitios no adecuados para la explotación de actividades comerciales, con la percepción de que sus actividades serán jurídicamente aceptadas en dicho espacio.

Dicha decisión administrativa, aparte de afectar los derechos colectivos de la ciudadanía a gozar libremente de los bienes de uso público, desvirtúa la finalidad a la cual se encuentran afectos los bienes de esa naturaleza, cual es precisamente su uso y goce efectivo por parte de la ciudadanía en su conjunto.

En ese orden de ideas, se le ha solicitado a la Administración Municipal por parte de este organismo de control, para su respectiva evaluación, se remita el programa o plan de reubicación con sus metas y cronograma en el corto, mediano y largo plazo, en el que se identifiquen los sitios de reubicación dispuestos y su análisis, acciones de concertación y procedimientos a desarrollar, el plan de seguimiento y los indicadores medibles y objetivos del mismo, así como la proyección financiera de la inversión a realizar para el procedimiento respectivo, junto con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que sustenta la actuación de acuerdo con las exigencias señalada en esa materia por la Corte Constitucional.

La Personería Municipal hace un llamado a las autoridades locales, al cumplimiento irrestricto de los parámetros legales y jurisprudenciales al adelantar este tipo de procesos de recuperación del espacio público, e igualmente estará atenta a la evaluación de la información remitida por la Administración y al acompañamiento necesario para la ejecución de estos programas, siempre bajo el enfoque de la salvaguarda de los derechos tanto de  los vendedores informales como de los ciudadanos en general.  

 

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